Sin duda alguna el turismo en Ecuador necesita una política pública más agresiva y transformadora. Esto es un punto de partida para recibir con buenos ojos una propuesta de Ley para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo que se ha remitido a la Asamblea Nacional en los últimos días. Sin embargo, ante la ausencia de amplia socialización entre los actores del sistema turístico es importante recorrer el laberinto jurídico de esta propuesta que busca cambios en algunas normas legales.
El primer documento al que proponen ajustes es a la desactualizada Ley de Turismo, que desde el 2002 ha tenido varias reformas, pero no se adecúa a las necesidades de un sector tan dinámico.
Nuevamente se insta a remarcar la prohibición de hacer turismo a personas jurídicas sin fines de lucro, llámese fundación, corporación, asociación o inclusive empresas de la economía social solidaria. Una tajante ruptura con otros modelos de gestión no parece ser el camino adecuado, más aún cuando de estos fondos dependen procesos de desarrollo o conservación de áreas naturales. Hay que recordar que los modelos de gestión son múltiples y que el lucro no sólo se mide en beneficios económicos a accionistas, sino en muchos indicadores que persigue cambios estructurales en la mejora de vida de las comunidades receptoras de turismo.
Crear entidad especializada
Una segunda añadidura a la ley de turismo y otras normas es repetitiva en cuanto persigue el lograr que el sistema financiero apoye la reactivación empresarial o que existan refinanciamientos de obligaciones con el Estado o el Seguro Social. Pese a que ya existe norma no se ha conseguido mayores, ni significativos resultados.
Por ello, valdría mencionar que es bueno el tratar de remarcar las obvias necesidades para ver si al fin del túnel hay una luz para un sector con múltiples obligaciones y sin liquidez efectiva, oportuna y al alcance de todos.
Por otro lado, varios ajustes pretenden retomar la idea de un fondo de promoción, que fue desmantelado y no ha logrado recuperar su esplendor. Cabe aquí tal vez la sugerencia de pensar de una vez por todas sobre la creación de una institución especializada en el tema promocional del país, liberando al Ministerio de Turismo de este importante proceso y dejándole a cargo de otros temas de gestión de suma importancia, como son la descentralización, desarrollo de nuevos productos y destinos, entre muchos otros.
Al mismo tiempo determinar cómo los GADs participarán del fondo de promoción que se sugiere crear, puesto que la promoción debe atender no solo lo macro, más también los productos turísticos de los cantones y provincias del país.
Otro apoyo a aerolíneas
En cuanto a las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno se brinda un fuerte espaldarazo, quizá demasiado generoso, para el tema de servicios profesionales o artísticos de personas del exterior.
Sería interesante estudiar normativa comparada sobre cómo beneficiar a los eventos artísticos, sin afectar el ingreso al Estado y justo y equitativo con otras demandas del sector. Además, es preciso reconocer que el turismo de eventos musicales no es prioritario según el nuevo plan de desarrollo 2024-2025 “Un Nuevo Ecuador”, como lo es el ecoturismo, turismo comunitario y cultural, que poco o nada se benefician de los temas propuestos en este proyecto.
En otra arista hay voluntad para regular pagos a asociaciones de artistas, por derecho de uso de sus obras en el sector turístico. Importante acción que debe tener criterios base para que hagan un justo cobro, con una reglamentación que debería aplicarse de forma global y con acuerdos entre las partes interesadas.
Llama la atención que la ley nuevamente priorice ayuda para las aerolíneas. Recordemos que ya se tuvo un significativo recorte de un impuesto, que supuestamente era el que encarecía los pasajes, pero que luego de su disminución no ha tenido el resultado esperado. Esta propuesta no contrasta la demanda social sobre varias aerolíneas que han sido fuertemente cuestionadas por temas como:
- Elevado costo de pasajes a costa de la famosa liberación del mercado.
- Nulo control del abuso sobre el consumidor (ojo que con estas normas los usuarios de las aerolíneas ya han comenzado a demostrar su descontento).
- Nula capacidad de comprometer a las aerolíneas de cubrir otras rutas, no tan comerciales, pero si de beneficio social a ciudades que cuentan con aeropuertos instalados (algunos con propuestas de reactivación) como Francisco de Orellana, Santa Rosa, Tulcán, Esmeraldas, Portoviejo, Bahía de Caráquez, Zamora, entre otros.
Sobre empleo, poco o nada
Poco o nada este proyecto aborda el tema del empleo. En un artículo propone una Reforma a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, para formar parte de su proceso de gobernanza y que sea un mecanismo para fortalecer el empleo. Sin embargo, no se ve profundidad en el tema, mucho menos una alineación económica urgente. Y aquí el gran vacío de esta propuesta, porque sobre modalidades de empleo decente y bien remunerada no menciona nada, nula consulta a redes profesionales, académicas, empresariales, comunitarias, asociativas o de la economía social solidaria para obtener algo contundente y transformador.
Hubiera sido muy pertinente, para llenar el vacío sobre el fomento al empleo que busca la ley, el implementar una política de profesionalización en el sector turístico, de forma que un porcentaje de los puestos de trabajo creados por el sector sean ocupados con personas formadas para este efecto en institutos y universidades nacionales e internacionales. Como retribución estas empresas podrían beneficiarse de los mismos y otros incentivos propuestos en leyes emergentes recientemente aprobadas.
En cuanto a reformas del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización se propone atribuciones a los GADs para que desde la localidad analicen ciertos incentivos. Tema redundante, ya que los gobiernos locales ya han realizado acciones de apoyo a la red de servicios turísticos por su autonomía y descentralización adquirida.
Sin embargo, lo que si ayudará a la gestión de los GADs sería bajar el monto base de inversión en el sector turístico (para beneficiarse de incentivos tributarios) de 100.000 USD, a otros valores inferiores, que aglutinen a todo tipo de servicio como operadoras, empresas MICE, entre otras y de esa forma se fortalezca la oferta de servicios turísticos en varios cantones del país.
El transporte turístico
En lo que se manifiesta sobre Reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, hay temas muy importantes como el reafirmar la necesidad de sistemas de control y vigilancia en el transporte público y turístico, facilitación para otorgamiento de permisos de operación, reconocimiento de la figura de un guía conductor y que los servicios de alojamiento puedan ofrecer servicios de transfer con unidades propias.
Sin embargo, sería excelente si en cuanto a los permisos de operación se fortalece la descentralización, ya que hay una sobreoferta de estas empresas en pocos cantones (Quito y Guayaquil), mientras que más de 150 GADs cantonales no tienen empresas de transporte turístico. Además, los cantones sin empresas turísticas deberían quedar habilitados para dar salvoconductos en beneficio de los pobladores y su derecho a la movilidad por ocio.
Otro aporte significativo en este tema sería la exoneración de tasas, tarifas e impuestos para empresas que ofrezcan transporte para personas con discapacidad, de lo cual se carece en el país, por lo que no se puede atender de forma correcta a este grupo de ciudadanos.
Sobre las reformas que impactan a las áreas protegidas, son positivas para fortalecer el cuidado de éstas, junto con la armonización de los servicios turísticos con su sostenibilidad. Se debería excluir a las Galápagos de esta norma, por cuanto hay régimen especial y podría prestarse a otras interpretaciones.
Lo que no hay nada concreto
De lo que hubo expectativa y no hay nada en concreto son varios aspectos, muchos que coinciden con lo expuesto por diversos gremios y otros actores sectoriales, entre estos apunto a continuación algunos, como:
- IVA cero por los próximos 3 años para empresas de toda modalidad y tipología de servicio turístico, catastrada en el Ministerio de Turismo.
- Creación de un fondo de inversión para iniciativas de modalidad turística comunitaria y para aquellas de índole privado que se den en entornos rurales, por cuanto el turismo tiene que alinearse no solo a los ODS, sino también a principios de equidad y justicia.
La ley debe poner el bálsamo en la llaga que aqueja a los GADs, a los empresarios, comunidades, estudiantes, profesionales y otros actores del sistema turístico que desde hace varios años han sido duramente golpeados por la incertidumbre. Impacto del COVID 19, suba de IVA, huelgas nacionales, anuncios de aumento de aportación al IESS, obviamente redundan en una demanda que se ve asfixiada por un Estado que, contrariamente a su plan de gobierno, ha retomado la senda impositiva como una salida a la crisis. No olvidar que el turismo es un sector estratégico para la dolarización, para la generación de empleo y que actualmente es el primer rubro en exportación de servicios del país.
Autor: Dr. Enrique Cabanilla
- Docente- Investigador ecuatoriano, quien ha desarrollado procesos relacionados a la academia, vinculación, investigación y consultoría en varios países latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Nicaragua, Guatemala, entre otros.
- Maestría en Gestión del Desarrollo del Turismo y un Doctorado en Geografía en la Universidad Nacional del Sur, Argentina.
- Cuenta con más de 100 publicaciones entre artículos, libros, conferencias y manuales relacionados con diversos temas del sector.
